La venta ilegal de medicamentos no autorizados:
un delito contra la salud pública
Recientemente la sociedad
española ha vivido otro grave episodio de fabricación
y venta ilegal de medicamentos no autorizados, algo que
en la actualidad parece estar al orden del día, sobre
todo debido a la falta de control sobre especialidades farmacéuticas
no registradas que se comercializan, así como a Internet,
donde se pueden comprar fácilmente muchos de estos
medicamentos no autorizados y también autorizados
que requieren receta, sin control médico alguno.
 Bajo
el nombre de operación “Brujo”, la Guardia
Civil llevó a cabo la semana pasada la desmantelación
de una red de fabricación y comercialización
ilegal de medicamentos no autorizados por el Ministerios
de Sanidad y que eran recetados a enfermos de cáncer,
sida, hepatitis o artrosis, bajo el nombre de Bio-Bac e
Inmunobiol.
La acción se
llevó a cabo en las ciudades de Madrid, Sevilla,
Granada, Cádiz, Navarra, Coruña, Málaga,
Tenerife, Barcelona, Mallorca, Valencia y Córdoba,
y fueron arrestados 23 personas: 13 médicos, 3 homeópatas,
un biólogo, un farmacéutico, un abogado y
4 auxiliares de un laboratorio clandestino. Además,
fueron intervenidas cinco armas de fuego, más de
30.000 envases de Bio-Bac, entre orales e inyectables, y
abundante material de laboratorio.
Los detenidos han sido
acusados de ser presuntos autores de delitos contra la salud
pública, intrusismo profesional y estafa, riesgo
y tenencia ilícita de armas. También han sido
imputadas otras 9 personas, varias de ellas farmacéuticos,
y se ha desmantelado un laboratorio clandestino sito en
la localidad de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y desde
el que se distribuían los medicamentos.
Al parecer, las primeras
investigaciones fueron llevadas a cabo por la Agencia Española
del Medicamento y otras autoridades sanitarias, que detectaron
que la empresa fabricante de estos medicamentos contaba
con la ayuda de algunos médicos y farmacéuticos
para comercializar estos productos. Los facultativos aconsejaban
a los pacientes con enfermedades graves que contactaran
con la empresa fabricante para solicitar el producto, bien
a través de los intermediarios que han sido detenidos,
o bien utilizando una página de Internet. Los enfermos
recibían el producto a través de empresas
de mensajería.
Pero éste no
ha sido el único caso de este tipo, y es que el Ministerio
de Sanidad y Consumo ha detectado un total de 200 medicamentos
"falsos" en lo que va de año, es decir
productos que como el Bio-Bac se encuentran a la venta con
supuestas indicaciones terapéuticas que no han sido
evaluadas por la Administración competente y cuya
presencia en el mercado, por tanto, es ilegal, según
informó esta misma semana la propia responsable de
este departamento, Ana Pastor.
Un producto “inocuo”
procedente de una vacuna que nunca fue autorizado
Según los investigadores,
se desconoce el número exacto de personas que estén
o hayan sido tratadas con estos "fármacos”.
Por ello desde el ministerio se ha recomendado a los pacientes
que hayan utilizado los mismos que abandonen inmediatamente
su consumo y acudan a su médico especialista para
que éste les prescriba el tratamiento convencional
o, en caso de que lo hubiesen abandonado, se los reinstaure.
Por su parte, la ministra
de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, aseguró esta semana
en rueda de prensa, que el producto "clandestino"
Bio-Bac es "inocuo" y no entraña ningún
peligro para la salud, según los datos sobre su composición
y funcionamiento de los que dispone el Departamento que
dirige, y que no cumple los requisitos para ser un medicamento
de "seguridad, eficacia y calidad", aunque insistió
en transmitir un “mensaje de tranquilidad” a
los ciudadanos, haciendo especial hincapié en la
importancia de que los pacientes afectados no dejen de tomar
el tratamiento convencional que les haya prescrito su médico.
Recordó, además, que la normativa española
establece que los medicamentos tienen que ser seguros y
eficaces, para lo cual tienen que estar controlados por
las autoridades sanitarias y ser dispensados en farmacias
o centros hospitalarios.
En cuanto a la disponibilidad
de este tipo de productos en el mercado, el director general
de la Agencia, Fernando García Alonso, fue tajante
al afirmar que "el medicamento nunca ha estado autorizado"
por lo que no puede denominarse así, y descartó
además que pueda comercializarse como fórmula
magistral, ya que, como precisó la ministra, estas
preparaciones son medicamentos.
La razón, por
tanto, por la que el producto no se hubiera retirado antes
del mercado, pese a que como la propia ministra relató,
Sanidad tuvo conocimiento de una "autovacuna de enzimas
vivientes para el tratamiento del cáncer" desde
el año 1967 y en 2000 se conoció un sitio
en Internet que lo promocionaba, ya con el nombre por el
que se conoce ahora, Pastor explicó que para retirar
un fármaco clandestino "se tiene que tener información
de que se está vendiendo", lo que no ha ocurrido
hasta el momento actual.
También señaló
que "se han seguido en todo momento las pesquisas oportunas
y convenientes", recordando que el Ministerio ha requerido
la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado
por tratarse de un medicamento clandestino y que el tiempo
que se haya tardado en actuar, así como la administración
de la Justicia no es responsabilidad de su Ministerio ni
puede opinar al respecto. En este sentido, García
precisó que "siempre ha sido el mismo medicamento,
pero ha cambiado el nombre y no ha habido una venta continua"
del mismo durante todos esos años. Además,
añadió que aunque Bio-Bac nunca ha sido un
medicamento, sus promotores pudieron aprovecharse en su
momento de "lagunas legales" para iniciar su comercialización
como fórmula magistral.
Y es que, según
Pastor, la línea de sanciones, dictámenes
y sentencias contra el compuesto comenzó en 1970,
tres años después de que el farmacéutico
Fernando Chacón desarrollase una ‘autovacuna
de enzimas vivientes contra el cáncer’ que
acabó convertida en Bio-Bac, y que nunca fue autorizado.
Internet, el paraíso
de la venta de fármacos ilegales
 Dentro
de este marco de venta de medicamentos ilegales Internet
ha logrado un puesto muy importante, algo que cada vez está
preocupando más a la sociedad médica, puesto
que el comercio de fármacos a través de la
red es una práctica prohibida en toda Europa, y en
España es imprescindible la labor del farmacéutico
a la hora de dispensar medicamentos y la del médico
como único profesional capaz de prescribirlos. Pero
son muchas las personas que se “saltan” esta
vía y utilizan Internet para adquirir sin ningún
control fármacos.
Ya el pasado mes de
junio se presentó un estudio elaborado por la OCU
(Organización de Consumidores y Usuarios) cuyo objetivo
fue, además de analizar este tipo de venta y pedir
medidas a Sanidad contra esta práctica, localizar
la denominadas “pseudofarmacias virtuales” o
“ciberfarmacias” en las que con muy pocos datos
se pueden adquirir medicamentos, muchos de los cuales están
prohibidos en nuestro país. Además, en la
mayoría de estas páginas no existe ningún
tipo de advertencia sobre las contraindicaciones de los
fármacos o su incompatibilidad con algún otro
medicamento.
En esta investigación
se pudo comprobar el fácil acceso que existe a estas
páginas web que se convierten en tiendas virtuales
de fármacos con tan sólo aportar algunos datos
como son el nombre, la dirección y el teléfono
de contacto. Después, el usuario elige el tipo de
medicamento que desea y la cantidad del mismo que quiere
recibir, y la forma de pago es a través de la tarjeta
de crédito.
Para Mónica
Cavagna, técnica de la OCU responsable del estudio,
la compra también es “peligrosa” en Internet
porque la mayoría de los fármacos llegan a
su destino en condiciones no óptimas para su consumo.
Cavagna también añadió que “se
calcula que el 20% de los medicamentos que se compran a
través de Internet son detenidos en la aduana”,
lo que no evita que en muchas ocasiones el producto, originario
países como EEUU, Nueva Zelanda, las islas Fiji,
Brasil o Tailandia, llegue a su destino.
Según declaró
entonces José María Múgica, director
nacional de la OCU, sería “necesario que las
autoridades pusieran en marcha mecanismos para dificultar
por lo menos el acceso a estas páginas”. Aunque
“es también responsabilidad de los usuarios
el acudir a los centros adecuados para adquirir los medicamentos”,
aseguró Múgica. El director nacional de la
OCU destacó el papel fundamental del farmacéutico
en la dispensación e instó a estos profesionales
a incorporar las nuevas tecnologías a su forma de
trabajo. “Pueden existir las farmacias virtuales pero
siempre que exista la certeza de que detrás de ellas
se encuentra un profesional”.
¿Qué
pueden hacer los afectados?
Después de esta llamada
de atención de la OCU, y como colofón al caso
Bio-Bac, se ha iniciado una movilización en la que
se pide a Sanidad una rápida y eficaz intervención
en la creación de medidas para controlar esta práctica
que además de ilegal puede ser perjudicial para la
salud.
Para muestra un botón:
el Ministerio de Sanidad y Consumo tuvo que atender un millar
de llamadas de afectados por los fármacos Bio-Bac
e Inmunobiol en el transcurso de las primeras veinticuatro
horas de funcionamiento de las líneas telefónicas
que se habilitaron para este fin.
Este ministerio, por
su parte, ha indicado que todas aquellas personas que quieran
poner una denuncia sobre estos productos pueden presentarla
en la Consejería de Sanidad de su Comunidad Autónoma,
en la comisaría de policía más cercana
o en el cuartel de la Guardia Civil, si residen en el medio
rural.
También la presidenta
de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen
Flores, anunció la semana pasada su intención
de promover una demanda colectiva contra los responsables
de la red de fabricación y distribución del
medicamento ilegal Bio-Bac a la que se pueden sumar todos
los afectados. “No se puede jugar con la salud y expectativas
de las personas”, señaló Flores, y añadió
que El Defensor del Paciente se va a poner en contacto con
el Fiscalía General del Estado para abra diligencias
informativas de oficia ante unos hechos constitutivos a
su juicio de presuntos delitos de estafa y contra la salud
pública.
La polémica
sobre las medidas de control
 En
cuanto a la Unión de Consumidores de España,
(UCE), esta aseguró que en abril de 2000 denunció
Bio-Bac ante la Dirección General de Salud Pública
tras detectar la publicidad que lo vendía como un
tratamiento alternativo de enfermedades oncológicas,
degenerativas e inmunológicas. Según informó
en un comunicado la pasada semana, dicha denuncia fue objeto
del “oportuno expediente administrativo” y la
posterior detención de las personas encargadas de
la empresa. UCE también agregó que “a
pesar de la gravedad del asunto, no se había intervenido
“con agilidad” sobre este tipo de empresas fraudulentas”,
por lo que estimó que la Administración “debe
poner los medios para controlar y evitar este tipo de delitos”.
Esta misma queja ha
sido expresada por el PSOE, quien presentó a la Mesa
del Congreso una Proposición no de Ley sobre actuaciones
urgentes en materia de control de fabricación, publicidad
y venta de medicamentos por Internet y otros circuitos no
regulares, para su debate en la Cámara baja a fin
de evitar que su “dudosa eficacia” ponga en
peligro la salud de pacientes y ciudadanos.
Y es que, a tenor de
este grupo político, "está claro que
ha habido un fallo en el control", según señaló
Consuelo Rumí, secretaria de Políticas Sociales
del PSOE, que añadió que el hecho de que los
mecanismos de alarma no hayan funcionado correctamente ha
derivado también en una "falta de eficacia y
de agilidad" a la hora de actuar de manera urgente
que "podrían poner en peligro la salud de pacientes
y ciudadanos". De ahí, la necesidad de establecer
un "control urgente, a una inspección eficaz,
que no permita fraude engañoso, ya sea inocuo o no
el producto", añadió.
En concreto, el texto
remitido al Congreso insta al Gobierno a "desarrollar,
en colaboración con las comunidades autónomas,
una actuación especial y urgente mediante acciones
extraordinarias de control e inspección, contra la
fabricación, venta y distribución de sustancias
y productos supuestamente terapéuticos en la red
de Internet y otros circuitos no regulares, que con su dudosa
eficacia ponen en peligro la salud de pacientes y ciudadanos".
Según Rumí,
la venta continuada del fármaco, cuya autorización
de comercialización fue denegada por la Agencia Española
del Medicamento, ha constituido un "fraude" y
ha sido "demasiado" el tiempo transcurrido entre
la denuncia de estas operaciones y la actuación del
Ministerio.
Por su parte, la ministra
de Sanidad y Consumo aseguró durante su intervención
en el Pleno del Senado celebrado ayer que el Ministerio
actuó con “contundencia y celeridad”
contra la fabricación y comercialización de
los medicamentos “fraudulentos” Bio-Bac e Inmunobiol,
y señaló que “todas las medidas actuales
y futuras tendrán como objetivo último la
defensa de los pacientes y velar por la calidad, la seguridad
y la eficacia de los medicamentos”.
“Vamos a seguir
actuando con celeridad y eficacia para que los ciudadanos
sientan que viven en uno de los países donde el sistema
de la política del medicamento es más seguro”,
concluyó Pastor, añadiendo que, a su juicio,
lo más importante es trasladar a los ciudadanos que
estos productos se prescriben por los profesionales sanitarios
y se dispensan en las oficinas de farmacia.
Éste ha sido
también el consejo unánime que desde el Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos se ha lanzado.
Su presidente, Pedro Capilla, ha recomendado a los enfermos
que no se dejen llevar por “falsas expectativas”
y sigan el consejo de los profesionales de la salud.
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